Huelga de fiscales y jueces para el día 20 de febrero

 

 

Las asociaciones abajo firmantes queremos transmitir a la opinión pública:

 

1.- En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio programa electoral, inició diversas medidas de conflicto solicitando del Ministerio:

 

A.- Un incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad.

 

B.- La paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces.

 

C.- Que se mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos conscientes de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos. Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La media europea está entre el 3 y el 4%.

 

D.- La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto-Ley y se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentesy 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales (ya tremendamente sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos judiciales, lo que ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles dilaciones que, por falta de medios, sufrimos hace años.

Las asociaciones abajo firmantes queremos transmitir a la opinión pública:

 

1.- En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio programa electoral, inició diversas medidas de conflicto solicitando del Ministerio:

 

A.- Un incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad.

 

B.- La paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces.

 

C.- Que se mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos conscientes de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos. Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La media europea está entre el 3 y el 4%.

 

D.- La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto-Ley y se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentesy 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales (ya tremendamente sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos judiciales, lo que ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles dilaciones que, por falta de medios, sufrimos hace años.

 

 

COMUNICADO DE LA CIC para leer en las concentraciones del día de la huelga, 20 de febrero.

 

Las asociaciones abajo firmantes queremos transmitir a la opinión pública:

 

1.- En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio programa electoral, inició diversas medidas de conflicto solicitando del Ministerio:

 

A.- Un incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad. Es imposible que con ese escaso número de jueces se pueda hacer frente a 9 millones de asuntos anuales.

 

B.- La paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces.

 

C.- Que se mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos conscientes de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos. Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La media europea está entre el 3 y el 4%.

 

D.- La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto-Ley y se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales (ya tremendamente sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos judiciales, lo que ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles dilaciones que, por falta de medios, sufrimos hace años.

 

E.- Que no se establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a la Justicia. Las tasas no sólo se implantaron, sino en unas cuantías de tal entidad que han impedido e impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. De hecho, desde la entrada en vigor del “tasazo” hasta el momento presente se ha producido una disminución en torno al 25 % de litigios respecto al año pasado. Tras la convocatoria de la huelga, el Ministro de Justicia ha indicado que se va a proceder a una revisión de la Ley de Tasas Judiciales, sin especificar de forma escrita el alcance que pueda tener esta hipotética modificación. En todo caso, estas manifestaciones demuestran el carácter precipitado, improvisado e injustificado con el que se aprobó la norma, como ya denunciamos en su momento.

 

2.- Lejos de asumir su responsabilidad en la politización del órgano de gobierno de los jueces, el Ministro se ha limitado a culpar públicamente a las Asociaciones de tal politización; y paradójicamente, para justificar ante los ciudadanos el incumplimiento de su programa electoral, ha llegado a afirmar que la elección de los Vocales por las Cámaras despolitizará el CGPJ.

 

3.- Determinados acontecimientos que hemos conocido pueden hacer sospechar el fundamento último de las reformas, el motivo oculto que las guía y el objeto que pretenden conseguir: dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que, como la tutela judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo.

 

4.- Y es que, siendo el indulto una medida de gracia excepcional, su concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del Juez o Tribunal Sentenciador y Fiscalía a supuestos gravísimos (y especialmente a políticos condenados por corrupción) tiene un alto coste: el escándalo de la ciudadanía, que constata la existencia de esos espacios de impunidad. Precisamente por ello, la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del  país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos. Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque estos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso. El objetivo que perseguimos es crear las condiciones para que la Justicia  se aplique por igual para todos los ciudadanos sin excepción.

 

5.- Expresamos nuestra preocupación por el drama social de las ejecuciones hipotecarias y pedimos soluciones efectivas para la protección de los afectados, en el ámbito del trámite parlamentario de las propuestas e iniciativas legislativas que se están abordando.

 

6.- Nos oponemos a la privatización de los Registros Civiles para que se siga manteniendo como un servicio público y gratuito, ya que lo contrario perjudicará a la economía de los ciudadanos.

 

7.- Lamentamos que el sistema preferido para arreglar los problemas de la justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de improvisadas reformas del Código Penal, colapsando así de manera recurrente fiscalías y juzgados.

 

8.- Las Asociaciones de jueces y fiscales llevamos meses intentando negociar con el Ministro de Justicia.Hemos tratado de adoptar medidas que no supongan quebranto alguno para el justiciable (concentraciones, paros de una hora…). Ante la incapacidad del Ministro de Justicia para gestionar la crisis, hemos solicitado ser recibidos por el Presidente del Gobierno, sin respuesta. Y por ello, sin desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos obligadas a convocar esta jornada de huelga con las siguientes reivindicaciones:

 

1.
Incremento de la inversión pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales.

 

2.- Paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia.

 

3.- Derogación de la LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal.

 

4.- Derogación de la Ley 10/2012, o modificación urgente de la misma, a fin de que las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

 

5.- Reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas.

 

No obstante, los gravísimos acontecimientos recientes hacen preciso, en interés de la Nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento del Poder Judicial, como último garante del Estado. Lamentamos que, a pesar de haber expresado nuestra voluntad de desconvocar esta huelga si se hubiera producido una respuesta institucional suficiente, por parte del Ministro de Justicia no se haya adoptado ninguna iniciativa para desbloquear esta situación de conflicto. Pedimos al poder político que abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos.

 

Madrid, 18 de febrero de 2013

 

 

ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA

 

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

 

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

 

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES

 

 

Acuerdo del Comité Nacional de Huelga, con fijación de los servicios mínimos.

En Madrid, a 14 de febrero de 2013, comparecen en la sede de los Juzgados, el Comité Nacional de de Huelga , integrado por José Luis González Armengol( AJFV), Joaquim Bosch Grau(JpD), Benito Raboso Del Amo (FJI), Maria Moretó Matosas (UPF), María Lucia Girón Conde(APIF).al objeto de

fijar los criterios a seguir en la jornada de Huelga convocada para el día 20 de febrero del 2013 que, tras la deliberación oportuna, son los siguientes.

1º) ¿Quién ESTÁ EN HUELGA EL 20F?

Todo aquel que se declare en situación de huelga, excluyendo jueces, magistrados y fiscales que se encuentren en situación de licencias y permisos.

Nuestra  situación jurídica recomienda algún tipo de declaración expresa a tal efecto.

Y esto es fundamental por la articulación también de los SERVICIOS MÍNIMOS.

Aquel juez, magistrado o fiscal que ejercite el derecho de huelga y decida comunicar al Presidente de su Tribunal Superior de Justicia o Fiscal Jefe respectivo que ejercita tal derecho hará la comunicación a partir de las 12 horas del día 20 de febrero, por cualquier medio fehaciente.

El derecho a la huelga es de naturaleza individual y personalísima, por lo que tan sólo el propio interesado puede ponerlo de manifiesto.

Desde el momento en el que se hace esta declaración ya se está en huelga; aunque se tenga luego que acudir a trabajar para atender los servicios mínimos, incluso aunque esto suponga la totalidad de la jornada, por ejemplo en las guardias de 24h.

Otra cosa distinta es el control del seguimiento de la huelga que haremos desde el Comité Nacional Huelga  para disponer de nuestros propios datos más fiables antes de la 11´00 horas de la mañana del20F. Para eso bastará con hacer la notificación al Comité Nacional Huelga en la forma que luego se dirá.

 

2º) SERVICIOS MINIMOS.-

 

NO es incompatible estar en huelga y hacer los servicios mínimos.

Estará en huelga  TODO AQUEL QUE SE DECLARE EN HUELGA, con independencia de que luego tenga o no que atender servicios mínimos en su juzgado y bastará que este localizable para atender cualquier actuación urgente que implique servicios mínimos en horario de audiencia

Los jueces, magistrados y fiscales en huelga, también deben trabajar para atender los servicios mínimos, DE SU PROPIO JUZGADO O FISCALÍA.

El que se declara en huelga; ya está en huelga y computa a estos efectos.

CADA MAGISTRADO, JUEZ O FISCAL QUE ESTÉ EN HUELGA HARÁ SUS PROPIOS SERVICIOS MÍNIMOS, SIN QUE PUEDA DELEGAR EN OTRO COMPAÑERO, PUES ELLO ES CONSUSTANCIAL AL JUEZ PREDETERMINADO PORLA LEY YA LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS A CADA FISCAL, PORQUE ADEMÁS ESTÁ LEGALMENTE PROHIBIDO SUSTITUIR AL COMPAÑERO EN HUELGA,

Concreción servicios mínimos.

Como el CGPJ yla Fiscalía Generaldel Estado no han fijado los servicios mínimos , el Comité Nacional de Huelga de manera responsable y en beneficio de los ciudadanos va a solicitar a todos los jueces, magistrados y fiscales en huelga que se respeten escrupulosamente como servicio mínimos las  actuaciones que se reseñarán a continuación.

Acogiéndonos por analogía a lo que dispone el art. 6.7º del RDL 17/1977, que la STC11/1981 interpreta en el sentido de que no corresponde solo al empresario, disponiendo: “7. El comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa.”..

 

ACTUACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS:

 

De carácter general:

 

1º) TODAS LAS ACTUACIONES DE LAS JUNTAS ELECTORALES.

2º) Presidentes, Fiscales Superiores, Fiscales Jefes. Decanos y cargos gubernativos.

 

ORDEN JURISDICCIONAL PENAL, VIGILANCIA PENITENCIARIA, MENORES Y VIOLENCIA SOBRE LA MUJER.

1º) En el servicio de guardia, las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc

No se consideran servicios mínimos de guardia, los juicios inmediatos de faltas, ni los juicios rápidos por delito sin detenido.

2º) Cualquier actuación en causa con presos o detenidos.

3º)  Celebración de juicios de Tribunal de Jurado.

4º) Ordenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.

5º) Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria

ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL Y MERCANTIL

 Internamientos urgentes del artículo 763 dela L.E.C.

Medidas cautelares.

REGISTRO CIVIL. Expedición de licencia de enterramientos, celebración de matrimonios, inscripciones de nacimiento en plazo perentorio.

ORDEN JURISDICCIONAL CA.

1º) Autorizaciones de entradas y sanitarias urgentes e inaplazables.

2º) Derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente.

3º) Medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes.

3º) Recursos- contencioso electorales.

ORDEN DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL

Medidas cautelares que sean urgentes.

Presencia en el despacho.

La huelga consiste en no celebrar los actos judiciales y no acudir a los señalamientos no previstos en los servicios mínimos del día 20.

No hay inconveniente en permanecer en el edificio judicial o sede de la fiscalía.

Segúnla STC11/1981, la simple permanencia en el edificio no es ocupación, porque este concepto ha de interpretarse de manera restrictiva, refiriendo el sentido de la prohibición al ilegal ingreso en los locales o la negativa a una orden de desalojo que se legitime por fundarse en razones de policía; la simple permanencia, por tanto, no genera ilicitud, salvo que con ella se perjudicaran desproporcionadamente otros bienes constitucionalmente protegidos.

PARTICIPACIÓN EN OTROS ACTOS DE PROTESTA.

Desde el Comité Nacional de Huelga  solicitamos la máxima participación en los lugares en los que se convoquen concentraciones a las puertas de los edificios judiciales.

En cada territorio las asociaciones convocantes  decidirán la hora y lugar de la concentración

Así como también  solicitamos la máxima cooperación en los territorios en los que se convoque jornada de puertas abiertas a los ciudadanos y medios de comunicación.

3º) SEÑALAMIENTOS.

Solo hay que celebrar los que estén comprendidos dentro de los servicios mínimos.

Por lo tanto, todo lo demás se suspende.

¿En qué momento se acuerda y notifica la suspensión?.

La huelga consiste precisamente en limitar la actividad del servicio y comporta inevitablemente un mayor o menor perjuicio para los usuarios afectados. Esto es inevitable, perfectamente legal y constituye justamente la finalidad de cualquier huelga.

NO ES CIERTO QUELA SUSPENSIÓN DEACTOS JUDICIALES AFECTE ALA TUTELA JUDICIALEFECTIVA, porque eso se evita con los servicios mínimos.

Pese a ello, queremos evitar que se produzca una afectación desproporcionada y manifiestamente irrazonable para los ciudadanos.

Teóricamente, la huelga puede ser desconvocada en cualquier momento (aunque las circunstancias actuales nos permiten afirmar que a día de hoy no hay la menor posibilidad de que esto ocurra).

4º) CONTROL SEGUIMIENTO CONVOCATORIA.

Es esencial que desde el Comité Nacional  de Huelga dispongamos  antes de las 11´00 horas del día20Fde los datos sobre el seguimiento de la convocatoria, para evitar que la difusión que pueda hacer el Ministerio de Justicia y el CGPJ distorsione su valoración.

Pero además de ello, hemos habilitado una cuenta de correo electrónico para solicitar  TODOS LOS QUE EJERCITEN SU DERECHO DE HUELGA, que nos hagan llegar esa declaración antes de las 11´00 horas.

Bastará simplemente con indicar que se participa en la huelga, con el nombre y el destino, en el siguiente  CORREO ELECTRÓNICO: comitehuelga20f@gmail.com

    Deberá realizarse tal comunicación con el siguiente modelo:

Dª …..destinado en ……………mediante la presente comunica que ejercita su derecho de huelga, en el día de hoy(según documento adjunto)

Este modelo servirá tanto para realizar la comunicación al TSJ de cada comunidad y al Fiscal Jefe respectivo, nunca antes de las 12´00 horas  y al Comité Nacional de Huelga , antes de las 11´00 horas.

5º) CARTELES ANUNCIADORES.-

Como la huelga afecta a un servicio público, tiene que ser debidamente anunciada a los usuarios del mismo, tal y como dispone el RD Ley  17/1977.

Como los medios de comunicación han anunciado extensamente la huelga entendemos que se da cumplimiento a la comunicación a los usuarios exigidos legalmente.

EL COMITÉ NACIONAL DE HUELGA.

Asociaciones de fiscales y jueces convocan huelga para el día 20 de febrero.

Las asociaciones abajo firmantes queremos transmitir a la opinión pública:

 

1.- En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio programa electoral, inició diversas medidas de conflicto solicitando del Ministerio:

 

A.- Un incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad.

 

B.- La paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces.

 

C.- Que se mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos conscientes de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos. Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La media europea está entre el 3 y el 4%.

 

D.- La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto-Ley y se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales (ya tremendamente sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos judiciales, lo que ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles dilaciones que, por falta de medios, sufrimos hace años.

 

E.- Que no se establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a la Justicia. Las tasas no sólo se implantaron, sino en unas cuantías de tal entidad que han impedido e impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. De hecho, desde la entrada en vigor del “tasazo” hasta el momento presente se ha producido una disminución en torno al 25 % de litigios respecto al año pasado.

 

2.- El Ministro de Justicia no sólo no ha atendido ninguna de las reivindicaciones que se formulaban, sino que ha declarado pública y reiteradamente que no lo va a hacer. Lejos de asumir su responsabilidad en la politización del órgano de gobierno de los jueces, el Ministro se ha limitado a culpar públicamente a las Asociaciones de tal politización; y paradójicamente, para justificar ante los ciudadanos el incumplimiento de su programa electoral, ha llegado a afirmar que la elección de los Vocales por las Cámaras despolitizará el CGPJ.

 

3.- Determinados acontecimientos que hemos conocido pueden hacer sospechar el fundamento último de las reformas, el motivo oculto que las guía y el objeto que pretenden conseguir: dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que, como la tutela judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo.

 

4.- Y es que, siendo el indulto una medida de gracia excepcional, su concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del Juez o Tribunal Sentenciador y Fiscalía a supuestos gravísimos (y especialmente a políticos condenados por corrupción) tiene un alto coste: el escándalo de la ciudadanía, que constata la existencia de esos espacios de impunidad. Precisamente por ello, la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del  país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos. Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque estos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso..El objetivo que perseguimos es crear las condiciones para que la Justicia  se aplique por igual para todos los ciudadanos sin excepción.

 

5.- Expresamos nuestra preocupación por el drama social de las ejecuciones hipotecarias y pedimos soluciones efectivas para la protección de los afectados.

 

6.- Nos oponemos a la privatización de los Registros Civiles para que se siga manteniendo como un servicio público y gratuito, ya que lo contrario perjudicará a la economía de los ciudadanos.

 

7.- Lamentamos que el sistema preferido para arreglar los problemas de la justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de improvisadas reformas del Código Penal, colapsando así de manera recurrente fiscalías y juzgados.

 

8.- Las Asociaciones de jueces y fiscales llevamos meses intentando negociar con el Ministro de Justicia. Hemos tratado de adoptar medidas que no supongan quebranto alguno para el justiciable (concentraciones, paros de una hora…). Ante la incapacidad del Ministro de Justicia para gestionar la crisis, hemos solicitado ser recibidos por el Presidente del Gobierno, sin respuesta. Y por ello, sin desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos obligadas a convocar una de huelga de jueces y fiscales, el próximo día 20 de febrero, invitando al resto de profesionales de la Justicia a secundarla,  con las siguientes reivindicaciones:

 

  1. Incremento de la inversión pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales.

 

2.- Paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia.

 

3.- Derogación de la LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal.

 

4.- Derogación de la Ley 10/2012, o modificación urgente de la misma, a fin de que las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

 

5.- Reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas.

 

No obstante, los gravísimos acontecimientos recientes hacen preciso, en interés de la Nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento del Poder Judicial, como último garante del Estado. Pedimos el apoyo para esta convocatoria a la Plataforma Justicia para Todos y a los distintos sectores de la administración de justicia. Por ello, pese a que consideramos la huelga una medida de conflicto legítima y justificada, estamos dispuestos a desconvocarla siempre que el poder político abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos.

 

Madrid, 5 de febrero de 2013

 

 

ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA

 

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

 

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

 

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES

 

La CIC escribe una carta abierta a Mariano Rajoy.

La CIC escribe una carta abierta a Mariano Rajoy.

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Carta abierta al Presidente del Gobierno

COMPROMISO CON LA JUSTICIA

En la presente Legislatura se está produciendo una indeseable avalancha de reformas legislativas, impuestas por el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Justicia. Dicha imposición se está realizando sin consenso con el resto de fuerzas políticas presentes en el Parlamento y despreciando los criterios técnicos de todas las organizaciones representativas directamente implicadas en el posterior desarrollo práctico de la reformas (jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y funcionarios). Por supuesto, despreciando los intereses más legítimos de los ciudadanos, que desconocen el alcance social de las reformas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia.

De esta forma, se disgusta a la ciudadanía, que cada vez se siente menos representada en las instancias que organizan la vida y la convivencia en el país y más alejada del Ministerio de Justicia, al que día a día viene valorando más negativamente. Pero al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia, centrando su actuación en un mero ejercicio del poder por la vía de la imposición sin consenso y sin diálogo, olvida no ya la mejora efectiva del sistema que administra, sino también las condiciones de vida en general de los administrados y de todos los españoles.

La situación se ha agravado sensiblemente en los últimos meses, en los que el discurso oficial ha ido por cauces y derroteros divergentes con los problemas y sensibilidades sociales. En ningún momento se ha atisbado en el ministro responsable la más mínima intención de acercamiento al mundo real de la gente y al papel vital que la Administración de Justicia juega en la democracia y en la defensa de la libertad.

De hecho, el Ministerio de Justicia no ha conseguido organizar un programa de reformas capaz de sintonizar con la realidad social ni con la situación de la Justicia. Y, mucho menos, capaz de entusiasmar a la sociedad con propuestas veraces, transparentes y bien comunicadas para restablecer la estabilidad perdida, la confianza y el empuje necesario con el que superar la gravísima crisis económica, social y política en que está embarcada España. Una crisis que no es necesario describir de manera más prolija, pues está en la mente de todos y en todas las conversaciones.

El cuadro sintomático en materia de Justicia se resume, hasta el momento, en este conjunto de despropósitos:

– Intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial, promovido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con la finalidad de cercenar la división de poderes y de quebrantar la independencia judicial.

– Ley de de tasas, con fijación de cuantías desproporcionadas, que atentan al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

– Privatización de la justicia, reduciendo las competencias del marco judicial y traspasándolas a otros colectivos.

– Inexistencia de inversiones en materia de justicia, donde se mantienen ratios de población con jueces y fiscales en rangos ínfimos, equiparándolos a niveles de países de segundo orden.

– Ausencia de agilidad en las normas procesales.

– Endurecimiento innecesario del Código Penal, donde se introducen nuevos tipos penales, devenidos de asuntos puntuales con impacto en la opinión pública. Esta reforma sobresaturará las Fiscalías y los juzgados con competencias penales, con una reducción de los medios personales para poder afrontar dichos asuntos.

– Carencia de propuestas que solucionen las problemáticas mas acuciantes de los ciudadanos como serían los desahucios hipotecarios.

– Falta de modernización en la Administración de Justicia.

En relación con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cumplirá su tramitación legislativa el próximo martes 18 de diciembre en el Parlamento, denunciamos la falta de audiencia real que han tenido al respecto las asociaciones profesionales correspondientes, su inadecuación a las normativas europeas, su innecesaria tramitación por vía de urgencia y, en definitiva, su imposición mediante un ejercicio de fuerza sin escuchar a quienes, conocedores de primera mano de la situación, van a proceder a su aplicación. Se trata de una interpretación de la política que consideramos carente de sentido de Estado.

Ante la falta de respuesta a nuestros requerimientos por parte del Ministerio de Justicia, solicitamos el voto negativo o la abstención de los grupos parlamentarios en la votación correspondiente. Y anunciamos la promoción de todos los recursos y procedimientos disponibles en derecho para que sea derogada lo antes posible y sustituida por otra ley más razonable, más razonada y debidamente consensuada, en coherencia con nuestro compromiso con la Justicia y en defensa del interés general de la sociedad española.

Instamos tanto al Presidente del Gobierno como al Ejecutivo en pleno que asuman un compromiso

real en defensa de la Administración de Justicia, para que esta pueda cumplir las elevadas funciones constitucionales que tiene asignadas. Los representantes de las asociaciones de jueces y de fiscales continuaremos reclamando soluciones para que nuestro sistema judicial pueda seguir garantizando los derechos fundamentales en el marco de nuestro Estado Constitucional.

En Madrid a 17 de diciembre de 2012.

Asociación Profesional de la Magistratura
Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria Jueces para la Democracia
Foro Judicial Independiente

Asociación de Fiscales
Unión Progresista de Fiscales
Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

Nuevo comunicado de la Comisión Interasociativa de Conflicto

La Comisión Interasociativa de Conflicto de Jueces y Fiscales se ha reunido para valorar las concentraciones realizadas en toda España el 23 de noviembre de 2012 y considera que la respuesta ha sido muy positiva por la masiva asistencia de jueces, fiscales , abogados  y otros colectivos preocupados por las reformas en materia de Justicia.

 

Asimismo, siguiendo la hoja de ruta marcada en reuniones anteriores, debemos indicar que hemos acordado por unanimidad de todas las asociaciones, manteniendo el principio de unidad de acción, los siguientes acuerdos :

 

1.- Convocar un acto público  de defensa de la administración de justicia, con rueda de prensa a la que se invitará a los medios de comunicación nacionales e internacionales,  que tendrá lugar en fecha 11-12-12, en el que participarían representantes de los jueces, fiscales, abogados, consumidores y otros colectivos, para poner en conocimiento de la opinión pública que proyectos como las reformas en marcha, lejos de mejorar la Justicia para 2013, van a suponer graves perjuicios a los ciudadanos en la tramitación ordinaria de los procedimientos. La plantilla ordinaria de jueces y fiscales no va a poder hacer frente al 30% de trabajo que supone la eliminación de las plantillas de jueces y fiscales sustitutos.

 

2.- Convocar en fecha 12-12-12 un paro parcial de 12´00 a 13´00  horas, en el que se realizarán concentraciones y ruedas de prensa ante las sedes judiciales de todo el país. Dicha convocatoria está expresamente apoyada por el Consejo General de la Abogacía y hacemos un llamamiento de participación a todos los abogados.

 

3.- En el caso de que se aprobase la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, prevista en fecha 18-12-12, y/o se presentase un proyecto de ley de reforma del CGPJ que afectase a la independencia judicial, se anuncia la convocatoria de una huelga para el mes de enero de 2013.

 

4.- Al no considerar como interlocutor válido al ministro D. Alberto Ruiz-Gallardón, las asociaciones de jueces y fiscales pedimos una reunión urgente con el presidente del gobierno, D. Mariano Rajoy.

 

Recordamos que la situación estructural de la administración de justicia en España atraviesa una grave situación de falta de medios personales y materiales, que empeorará con las medidas anunciadas, puesto que provocará mayores dilaciones en la tramitación y resolución de los procedimientos. Por otro lado, la reforma pretendida del CGPJ supondrá una quiebra de la independencia judicial y afectará a la división de poderes.

 

Las tasas judiciales van a limitar el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia. Los jueces y fiscales no aceptamos la reducción de la carga de trabajo a costa de perjudicar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

Esperamos que en la tramitación parlamentaria del Real Decreto sobre ejecuciones hipotecarias se establezca el procedimiento de acreditación de los requisitos para quedar amparados los afectados, ante la dispersión de criterios existentes en estos momentos. Asimismo, debería  ampliarse su cobertura para la protección de otros colectivos desfavorecidos por las ejecuciones hipotecarias.

 

La Comisión Interasociativa se dirigirá a las instituciones europeas para expresarles el grave peligro que corre en nuestro país el principio de división de poderes.

 

Madrid, 28 de noviembre de 2012    

 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA

ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

ASOCIACIÓN DE FISCALES

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTES DE FISCALES

Nuevo comunicado de la Comisión Interasociativa de Conflicto.

La Comisión Interasociativa, formada por ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA, ASOCIACIÓN FRANCISCO DE VITORIA, JUECES PARA LA DEMOCRACIA, FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, ASOCIACIÓN DE FISCALES, UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, y ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES, comunica a la Carrera Judicial y a la Carrera Fiscal el resultado de la Rueda de Prensa que ha tenido lugar el día 30 de octubre de 2012.

Hemos tratado de hacer llegar a la opinión pública la situación en la que se encuentra la Justicia y el colapso en su funcionamiento.

Hemos puesto de manifiesto que Jueces y Fiscales soportamos una carga de trabajo excesiva y que es, este sobresfuerzo, el que ha permitido que la justicia siga funcionando.

Con las medidas de autorregulación acordadas se dejará bien a las claras que el colapso llegará hasta límites insostenibles e inasumibles sino se adoptan medidas de inmediato.

Pedimos de nuestra clase política que asuma reformas en la Justicia que nos permitan trabajar con la dignidad que nos corresponde, abandonando todos aquellos proyectos encaminados a minar nuestra independencia. Queremos un Poder Judicial fuerte e independiente, que paralice los ataques de los que somos objeto y una Fiscalía autónoma e imparcial.

Recordamos la hoja de ruta acordada por la Comisión Interasociativa:

1o. El día 2 de noviembre del 2012 comenzarán a llevarse a efecto las medidas de autorregulación ya acordadas, ajustando nuestra actuación al horario de audiencia, que sugerimos sea entre las 10:00 y 14:00 horas de la mañana.

2o. Hemos solicitado a los distintos Grupos Parlamentarios que nos reciban para hacerles llegar nuestra postura en el Proyecto de Reforma de Ley Orgánica de Medidas de Eficacia Presupuestaria de la Administración de Justicia.

3o. Mantenemos y reiteramos nuestra oferta de colaboración con los Decanos de los Juzgados de España y con los Acuerdos que éstos adopten en la reunión que se llevará a cabo en Barcelona entre los días 5 y 7 de noviembre.

4o. El día 23 de noviembre del 2012 tendrá lugar una concentración de Jueces y Fiscales, a las 13:30 horas, en las Sedes Judiciales de cada capital de provincia.

En Madrid, la concentración tendrá lugar a las puertas del Ministerio de Justicia, en su sede de la calle de San Bernardo.

Madrid, a treinta de noviembre de dos mil doce.

Nueva reunión de la Comisión Interasociativa de Conflicto ante la falta de respuesta del Ministerio de Justicia.

La Comisión Interasociativa informa que se reunirá el próximo día 17 de octubre en espera de conocer la totalidad del texto propuesto por el Ministerio de Justicia. En esa reunión valorará la propuesta y acordará las medidas que considere oportunas. No obstante quiere expresar su decepción al considerar que las expectativas creadas por el Ministro en la reunión conjunta, no se corresponden con el resultado obtenido hasta el momento.

En Madrid a 9 de octubre de 2012-
LA COMISIÓN INTERASOCIATIVA

Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV)

Jueces para la Democracia (JD)
Foro Judicial Independiente (FJI)
Asociación de Fiscales (AF)
Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) Unión Progresista de Fiscales (UPF)

Comisión Interasociativa de conflicto expresa su apoyo a la manifestación del día 19 de julio de 2012

La Comisión Interasociativa de Conflicto, creada por todas las asociaciones de jueces y fiscales en estos momentos de ataque a nuestros derechos, muestra expresamente su apoyo a la manifestación convocada para el día 19 de julio (jueves) contra los recortes y medidas anunciadas por el Gobierno e insta a los jueces y fiscales españoles a participar en la misma.

17 de julio de 2012.